Así operaba la empresa central de la trama: ofertas al límite y sobrecostes millonarios

La constructora valenciana Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), propiedad de José Ruz y bajo investigación judicial en la trama Ábalos–Koldo–Cerdán siguió durante años un patrón repetido en sus licitaciones que ahora está bajo sospecha de la UCO: presentar ofertas económicas muy agresivas, sin caer en baja temeraria, acompañadas de valoraciones técnicas inusualmente altas, que le permitieron imponerse a sus competidores, y aplicando luego sobrecostes millonarios. Si no se los aprobaban, abandonaba las obras en muchas ocasiones.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado el 5 de junio ya adelantaba cómo se habría manipulado el sistema de contratación pública para favorecer a ciertas mercantiles, entre ellas LIC. El método, descrito por los investigadores, se basaría en aprovechar la ponderación mayoritaria de la oferta económica frente a la técnica, dejando el margen suficiente para compensar con notas subjetivas infladas cualquier desventaja.

En casi todos los procedimientos investigados, LIC actuó con el mismo esquema: presentaba ofertas muy agresivas en precio, sin llegar a caer en baja temeraria, lo que le permitía no ser descartada automáticamente; obtenía valoraciones técnicas máximas, incluso cuando la oferta económica es la más cara; y acumulaba modificaciones presupuestarias una vez conseguida la adjudicación.

De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, esta fórmula se aplicó de forma sistemática en adjudicaciones correspondientes a municipios como Valencia, Santa Pola, Benidorm, Alfaro, Sagunto, Teulada, Benagéber, Altea y Palma de Mallorca, además de en los contratos autonómicos que recibió de la Generalitat Valenciana bajo el mandato de la nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, como consejera de Obras Públicas.

Tres métodos clave

Según los expertos, LIC se adaptaba al diseño de cada pliego con una estrategia milimetrada para ganar los concursos. Si el procedimiento se basaba en criterios subjetivos, la empresa obtenía siempre la puntuación máxima. El problema es que la mayoría de esas valoraciones carecían de motivación y justificación, a pesar de que la ley obliga a documentarlas detalladamente. Esta irregularidad ha sido detectada de forma reiterada, como en los casos de Santa Pola, Jávea y Dolores, donde las ofertas de LIC fueron descritas con términos inusualmente favorables por los técnicos pese a estar peor posicionadas en precio.

En los pliegos que incorporaban criterios automáticos por mejoras técnicas, la empresa declaraba ofrecer el máximo posible de mejoras, sin garantizar su ejecución, como sucedió en Sagunto. Posteriormente, si no las hacía, recuperaba los márgenes presentando modificados del contrato con el beneplácito de la administración adjudicadora.

Y cuando se trataba de licitaciones a precio puro, como en el caso de Valencia, la maniobra era aún más refinada: esperaba al último minuto para presentar la oferta, a veces faltando apenas media hora para el cierre del plazo, y ajustaba el importe con precisión quirúrgica para no ser descartada ni quedarse corta. Según testimonios de expertos que han analizado los expedientes, LIC utilizaba una hoja de cálculo con márgenes orientativos en función del número de licitadores, y obtenía datos sobre cuántos competidores había, algo que solo se puede conocer a través de información privilegiada del órgano de contratación.

Todo este sistema permitía a la empresa evitar el umbral de baja temeraria —generalmente situado en torno al 15% o más de rebaja— y aun así ganar por ajuste de precio, como quedó demostrado en Benidorm y Vinaroz. Una vez obtenida la obra, la compañía planteaba uno o varios modificados presupuestarios —como los aprobados en Benidorm, Teulada y Llíria— que elevaban el coste final por encima del presupuesto inicial.

Evaluación técnica bajo sospecha

Además, se han detectado casos en los que la diferencia entre ser considerado baja temeraria o no serlo era mínima. Una vez superado ese umbral por décimas, la oferta de la empresa no quedaba excluida y la puntuación técnica se elevaba lo suficiente como para adjudicarle el contrato.

En Santa Pola, por ejemplo, presentó la oferta más cara y aun así fue adjudicataria después de que se excluyeran a tres empresas competidoras por criterios cuestionables. En Benidorm, su oferta inicial —de 4,3 millones— no cayó en baja temeraria pero fue luego inflada con un modificado de 865.313 euros, autorizado tras la derrota electoral del PSOE en 2023. En Jávea, logró la puntuación técnica máxima con una oferta baja que finalmente derivó en abandono de la obra.

A ello se sumaron modificaciones posteriores al alza en numerosos contratos. Según los expertos, esto podría indicar que LIC ya contaba con que se le aprobaran sobrecostes al presentar su propuesta inicial, lo que le permitía ofertar barato en la fase de licitación para luego compensar los márgenes durante la ejecución, sin temor a que se le negaran los cambios.

El informe de la UCO del pasado 5 de junio subrayó que no hacía falta manipular directamente las decisiones de la mesa de contratación si se tenía el control de quién redactaba los informes técnicos. Así, bastaría con elevar la puntuación subjetiva para compensar cualquier diferencia en la oferta económica y asegurar que se alcanzaba la mejor valoración global.

Este sistema, según los investigadores, genera un modelo arbitrario y alejado del principio de concurrencia, donde las empresas favorecidas tienen la seguridad de no ser descartadas ni por baja temeraria ni por criterios técnicos. Un procedimiento que, además, dificultaba la detección de irregularidades a posteriori, pues las valoraciones técnicas son presentadas como decisiones motivadas aunque carecieran de una justificación sólida y verificable.

Levantina Ingeniería y Construcción habría logrado así construir un patrón de adjudicación pública favorable, basado en ofertas al límite, sobresalientes técnicos sin base objetiva y modificaciones presupuestarias sistemáticas. Todo ello con la connivencia o al menos pasividad de los órganos de contratación, y sin que hasta ahora se hubieran encendido todas las alarmas institucionales.