Lo que se sabe del 'caso Montoro': claves de la trama y delitos que se le imputan al exministro
El titular de Haciendo con Rajoy, que se ha dado de baja del PP, niega que haya pruebas
Fotografía de archivo del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro | Fernando Alvarado (EFE)
Un juez de Tarragona investiga a Cristobal Montoro por supuestamente crear una «red de influencias», cuando era ministro de Hacienda en el Gobierno del Mariano Rajoy, que impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasistas a cambio de «importantes pagos» a la sociedad Equipo Económico (EE), de la que fue socio fundador y presidente.
El magistrado Rubén Rus ha levantado el secreto del sumario sobre una causa abierta desde hace siete años. En el epicentro de la trama se encuentra el despacho de abogados que creó Montoro tres años antes de convertirse de nuevo en ministro (ya lo había sido en una etapa anterior con José María Aznar). El juez describe que las empresas que buscaban una reforma legislativa se dirigían a EE, que entre 2011 y 2019 habría recibido pagos de 780.000 euros.
El escrito insiste en que estas empresas contrataron al despacho de Montoro (actualmente Global Afteli) «a fin de que hiciese uso de su red de influencias para que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones». Las empresas, que también han sido imputadas como personas jurídicas, habían acudido con anterioridad a varias consultoras sin obtener resultados satisfactorios por la negativa de la Administración. Todo cambió cuando se encomendaron a EE.
La trama de reformas ‘a demanda’
Según el auto, la investigación, que comenzó en 2018, ha revelado que, hasta en dos ocasiones, empresas gasistas contrataron a Equipo Económico para que hiciese uso de su «red de influencias» con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones, como por ejemplo para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, según reoge EFE.
El juez apunta a la existencia de una organización «en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico».
«Así, a cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentando, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización», remarca el auto.
El juez considera que Montoro, que fue consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008 y ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas, hizo supuestamente «uso de las potestades» que le correspondían en la iniciativa legislativa de su ministerio, «lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE». «El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público» apunta el juez.
El auto detalla además que Montoro nombró entre sus altos cargos «a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyectos de reglamentos se redactasen ‘a demanda’ de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello».
¿Qué delitos se le imputan?
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona atribuye a Montoro y a una treintena de investigados los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
En la causa, que el juez había mantenido en secreto hasta ahora, permanecen investigados varios altos cargos del ministerio encabezado por Montoro, como el entonces secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferré, la subsecretaria de estado de presupuestos Pilar Platero, el subsecretario de Hacienda Felipe Martínez, y el director general de Tributos Diego Martín-Abril, entre otros.
También están investigadas las empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) -Air Liquide, Abello, Messer, Praxair (Nipon Gases), Sociedad Española de Carburos Metálicos-, que, según el juez, «habrían aceptado abonar» a Equipo Económico «el precio solicitado por la organización investigada» para obtener las reformas en los impuestos.
Montoro dice que no hay pruebas
El exministro de Hacienda ha criticado el auto judicial que le imputa, al considerar que lo hace «sin ningún elemento probatorio» y «coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno de España».
Montoro ha remitido un comunicado a EFE en el que afirma que desde el primer día en ese cargo fue «objeto de sucesivas campañas de insidias en prensa y preguntas e interpelaciones parlamentarias» con esa sociedad. Denuncia como «absolutamente anómalo» que la investigación judicial con sumario secreto haya durado siete años después de «esperar» a su salida del Ministerio en 2018 para iniciarla. Y añade: «En el día de ayer se ha levantado el secreto de sumario con el auto que me señala como investigado, todo ello coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno de España».
Sobre su inclusión como investigado, Montoro sostiene que «se realiza sin ningún elemento probatorio y sin otra motivación, a la postre, que haber ocupado el cargo de ministro». El exministro concluye mostrando su confianza en las instituciones del Estado de derecho y anunciando que hará uso de los mecanismos legales para «defender su honor, ejercitando todos los recursos y acciones judiciales a tal fin».
Su antiguo bufete niega las acusaciones
El despacho de abogados Equipo Económico, del que formó parte el exministro de Hacienda, ha negado «de forma tajante y rotunda» en un comunicado haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables a empresas gasistas. En su nota, el bufete, que lamenta la indefensión que ha sufrido al haber permanecido el procedimiento judicial durante siete años en una situación de secreto de las actuaciones, aclara que Montoro dejó Equipo Económico a comienzos de 2008, y desde entonces ha permanecido completamente desvinculado de la firma.
El despacho fue contratado por la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) para, entre otros asuntos profesionales, realizar un asesoramiento jurídico-tributario de carácter estrictamente técnico, añade la nota. Ello consistía entre otras funciones en realizar un análisis de la viabilidad de la plena aplicación de las previsiones de la directiva europea aplicable que permitía que los Estados, para mantener la competitividad de la industria, exoneraran o moderaran del impuesto a las actividades industriales intensivas en el consumo de electricidad.
En España, prosigue el documento, sólo se previó inicialmente para ciertas industrias, dejando fuera de forma discriminatoria al sector de los gases industriales, perjudicando su competitividad. El trabajo se ejecutó de forma conjunta con una consultora de reconocida trayectoria, y consistió en la realización del análisis jurídico-tributario tanto de la directiva europea como de la trasposición realizada en otros estados miembros, así como del modo en que podría incorporarse a la legislación española.
Además de ponerse a plena disposición de la justicia, el bufete se reserva se reserva el derecho de ejercer cuantas acciones legales sean precisas en defensa de su buen nombre y prestigio profesional.
Baja del partido
Montoro comunicó este jueves al PP su decisión de abandonar la militancia del partido, que le había abierto un «procedimiento de información» tras conocerse que está siendo investigado. Según ha informado el PP en un escueto comunicado, ese procedimiento queda ahora en suspenso. Los populares destacan que Montoro era el único afiliado de todos los cargos imputados.
Poco antes de informar el PP de la baja de Montoro como afiliado, el PSOE había denunciado en redes sociales que pasaban las horas y los populares ni expedientaban ni expulsaban a Montoro.
El PSOE eleva el caso hasta Feijóo
La causa judicial ha llevado al PSOE a pedir que «rinda cuentas» el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha exigido a Feijóo que «rinda cuentas» sobre lo que está ocurriendo «con tantísimos altos cargos» populares, ha calificado los hechos de «muy graves» y ha ofrecido colaboración con la Justicia desde el departamento que dirige.
Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de «vergüenza» que el PP esté «echando balones fuera» y no dé «ninguna justificación» sobre la causa abierta contra Montoro.
El titular de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado en la red X a la responsabilidad del expresidente Mariano Rajoy por rodearse de ministros «sin saber a qué se dedicaban» y se ha preguntado: «¿Acaso sabe ya el PP en qué se gastaron el dinero que supuestamente cobraron Montoro y su equipo para ahorrarles impuestos a algunos?».
El PP desvincula a Feijóo de Montoro
El vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha subrayado que Montoro «no tiene ninguna vinculación laboral» con el equipo de Feijóo y ha reclamado al PSOE que no intente ligar al presidente del PP «con supuestos de hace casi diez años». Bendodo ha recordado que Montoro «ejerció hace más de siete años» y no tiene ahora ninguna vinculación laboral con «el PP actual» que dirige Feijóo.
Ha opinado que el PSOE debe tener «prudencia» y no intentar vincular a Feijóo con esta investigación y ha añadido que a los populares, para no hacer «el ridículo», no se les ocurriría culpar a Pedro Sánchez «ni de Filesa ni de la crisis económica durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero».
Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha opinado, en una entrevista radiofónica, que la investigación judicial abierta a Montoro no es comparable con los supuestos casos de corrupción del entorno del Gobierno y del PSOE. Bravo ha recalcado que la causa ya fue archivada y, tras asegurar que la información que tienen es «limitada», ha señalado que serán las personas afectadas las que tendrán que dar explicaciones.