El auge de megaplantas fotovoltaicas fuerza a Andalucía a repensar su modelo urbanístico

El crecimiento acelerado de las energías renovables, en especial de la solar fotovoltaica, ha puesto ante un escenario complejo a varios municipios andaluces. La implantación de grandes parques solares, que en muchos casos ocupan cientos de hectáreas de terreno agrícola, ha obligado a algunas administraciones locales a iniciar una revisión profunda de su planeamiento territorial. La falta de regulación específica en la fase inicial del auge fotovoltaico ha provocado que muchas zonas rurales se enfrenten ahora a un contexto de ocupación masiva del suelo sin una estrategia urbanística adaptada.

En localidades como Gerena, en Sevilla, ya se ha iniciado el proceso de modificación del plan de ordenación urbanística para establecer límites y proteger áreas agrícolas de especial valor. Esta reacción se ha producido después de que en el entorno se proyectaran instalaciones que superarían en conjunto las 500 hectáreas. Vecinos del municipio han explicado a THE OBJECTIVE que la inquietud generalizada producida en los últimos meses ha ido en incremento por la transformación del paisaje y la presión sobre tierras de uso agrícola tradicional.

Este fenómeno no es aislado y avanza a grandes pasos en la comunidad andaluza. En municipios como Jerez de la Frontera o San Juan del Puerto, las corporaciones locales también están empezando a delimitar las zonas susceptibles de acoger este tipo de instalaciones, conscientes de que la falta de una estrategia puede desembocar en un modelo de ocupación desordenado e irreversible. En Alcalá de Guadaíra, uno de los territorios con mayor concentración de potencia solar instalada del país, también se estudia una reestructuración normativa para establecer criterios más precisos en cuanto a ubicación y compatibilidad de usos.

Laxa legislación vigente

El marco legal ha contribuido en gran medida a este despliegue. Por un lado, la legislación estatal permite declarar las plantas energéticas de utilidad pública, abriendo la puerta a expropiaciones forzosas. Por otro, la normativa andaluza vigente considera estas infraestructuras compatibles con el uso rústico general, lo que elimina la necesidad de reclasificar terrenos, facilitando aún más su implantación. Aunque se requiere una evaluación ambiental, esta se enfoca principalmente en aspectos como la biodiversidad, sin tener en cuenta de forma sistemática factores como el valor paisajístico o la concentración de proyectos en un área reducida.

La dimensión de estas nuevas instalaciones ha generado tensiones entre promotores, ayuntamientos y vecinos, especialmente agricultores que ven cómo sus tierras de cultivo son sustituidas por paneles solares, a menudo sin tener capacidad real de negociación.

Los olivos de Jaén

Casos como el de Lopera, en Jaén, han trascendido incluso a medios internacionales. Allí, una empresa prevé construir un parque de casi 400 hectáreas en terrenos que tradicionalmente han estado dedicados al olivar. Aunque una parte de los propietarios ha aceptado las ofertas económicas, otros se oponen frontalmente, llegando incluso a enfrentarse a procedimientos de expropiación. Estas situaciones han avivado un sentimiento de abandono entre la población rural, que reclama mayor participación en las decisiones y una planificación más coherente con el impacto en la región.

A pesar de que las plantas solares ocupan solo una fracción mínima de la superficie agrícola andaluza –alrededor de 9.000 hectáreas sobre un total de más de 4 millones–, el problema se agrava cuando la concentración es excesiva en determinados puntos. Esto está provocando un movimiento de respuesta social creciente.

Urgencia en la toma de decisiones

Los conflictos también evidencian la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Aunque muchas de estas instalaciones cumplen los requisitos formales para su aprobación, las consecuencias acumulativas no se han abordado adecuadamente. Las plataformas ciudadanas denuncian que no se ha tenido en cuenta el impacto global que supone la acumulación de varios parques en un mismo entorno, ni se ha explorado lo suficiente la posibilidad de implantar modelos más integradores.

Mientras tanto, la provincia de Almería está experimentando un fuerte crecimiento del autoconsumo fotovoltaico, con más de 12.000 instalaciones individuales que suman una potencia cercana a los 170 megavatios. Este auge contrasta con el modelo de grandes instalaciones industriales y está permitiendo a los hogares y pequeñas explotaciones reducir su dependencia energética sin transformar el paisaje.

Ante este contexto, los ayuntamientos comienzan a tomar conciencia de la necesidad urgente de intervenir desde el ámbito local. Si bien Andalucía ha alcanzado cifras notables en capacidad fotovoltaica instalada, superiores a los 8.800 megavatios, el reto no está solo en seguir creciendo, sino en lograr un desarrollo equilibrado. De lo contrario, los expertos en la materia apuntan que se podría correr el riesgo de convertir un avance en sostenibilidad en una fuente de conflicto territorial permanente.